Otra mirada al cierre de escuelas

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TRIBUNA INVITADA

Por Nelson Colón

La decisión del Departamento de Educación de cerrar 265 escuelas está delineada por la disminución en la matrícula; la reducción en gastos de nómina y mantenimiento; y el aumento de ingresos para el erario mediante la venta de las escuelas.

El gobierno estima que ahorraría $14 millones anuales. Los tres argumentos están atados directa o indirectamente a la deuda pública y ninguno viabiliza el derecho fundamental de acceso a la educación. Por ejemplo, se cierra la escuela elemental Emiliano Figueroa, en Piñones, solo porque tiene 64 estudiantes. El cierre le ahorraría al gobierno el costo de mantenimiento y le generaría ingresos si se vende la estructura. Sin embargo, la reubicación, para estos niños de escuela elemental y sus familias, generará nuevas barreras de acceso a la educación: desarraigarse de sus familias y comunidad para viajar alrededor de una hora hasta Loíza; quizás algunos nunca lleguen.

El gobierno puede mirar este dilema a través de dos lentes: el del deudor o el de la equidad de acceso a la educación. Visto a través del lente del deudor, cada uno de estos estudiantes nació con una deuda pública de $21,000 aproximadamente, al dividirse la deuda ($72,000 millones) entre la población (3.3 millones). El deudor tratará de pagar la deuda mediante el recorte de servicios públicos.

Mientras, esos estudiantes y sus familias, quienes no tuvieron que ver con la decisión de tomar prestado, sufrirán gran parte de las secuelas de esta decisión. Ese sufrimiento, lo anticipó el propio gobernador Ricardo Rosselló cuando declaró que “es una decisión que tiene sus áreas de dolor”.

El cierre indiscriminado de escuelas impondrá nuevas barreras de acceso a la educación, lo que erosionará el principal recurso humano del país y mermará la capacidad de quienes serían los futuros contribuyentes. Además, en una sociedad como la nuestra, con una fuerte estructura de desigualdad, el dolor y lo amargo de estas decisiones se concentra desproporcionadamente en el 56% de la niñez que vive bajo el nivel de pobreza. Será un pequeño ahorro en el presente, con un altísimo costo para el futuro.

Urge entonces dar una mirada distinta al cierre de planteles que permita identificar respuestas para garantizar el acceso equitativo a la educación. En primer lugar, el gobierno podría reconocer las escuelas en las que haya un reclamo de apertura. Segundo, cada escuela afectada se podría convertir en una verdadera escuela de comunidad, propiciando un diálogo comunitario para, junto a la comunidad, acordar la forma de garantizar el acceso a la educación. Tercero, conocer y documentar el ecosistema de cada escuela para identificar los recursos que tienen a su disposición para su funcionamiento. Alcaldes, fundaciones, comercios, asociaciones, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones vecinales son parte del ecosistema y fuentes de apoyo para las escuelas. Cuarto, llegar a acuerdos con los alcaldes para formalizar el apoyo a las escuelas, como ya lo hacen muchos. Quinto, explorar la posibilidad de convertir algunas de estas escuelas en Montessori, planteles de educación alternativa o centros headstart.

Todas estas opciones se podrían ejecutar a través de equipos de trabajo -en cada escuela y comunidad- enfocados en viabilizar el acceso, y que conjuntamente generen las soluciones.

En lugar de mirar el cierre a través del lente del deudor, el gobierno puede hacerlo a través del lente de la equidad. Si hay voluntad, junto a la comunidad, se encontrarán soluciones justas, sin menoscabar los derechos de los estudiantes ni la paz de sus familias y comunidades.